Al relatar la política que condujo a la creación de los doce bancos de la reserva y las consecuencias legales y políticas consiguientes, este documento sostiene que los bancos de reserva cuasi privados de la Reserva Federal son, en el mejor de los casos, opacos e irresponsables y, en el peor, inconstitucionales.
Tras el pánico de 1907, uno de los más destructivos en la historia de la nación, republicanos y demócratas ofrecieron propuestas competitivas para reformar el sistema monetario de la nación. Los republicanos querían un solo banco central, mientras que los demócratas querían múltiples bancos de reserva independientes en todo el país que pudieran adaptar la política a las condiciones locales. En ambos planes, los banqueros privados determinarían el liderazgo del banco central. Como compromiso, el presidente Woodrow Wilson propuso la creación de 8 a 12 bancos de reserva administrados por personas designadas por banqueros privados, pero supervisados por una única junta central de personas designadas por el presidente. La visión de Wilson formó la base de la Ley de la Reserva Federal de 1913, el estatuto de fundación de la Fed. La estructura wilsoniana resultó en batallas territoriales entre los bancos de reserva privados y la junta pública en Washington, lo que condujo a una incertidumbre política que contribuyó a la Gran Depresión. En respuesta a esta incertidumbre, el Congreso, ante la insistencia del presidente Roosevelt, revocó la visión y la autoridad centralizada de Wilson en la Junta de Gobernadores en Washington. Pero aunque la legislación de la era de la Depresión eliminó la autonomía de los 12 bancos de reserva cuasiprivados, no los eliminó.
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Esta estructura, que persiste en la actualidad, presenta problemas tanto para el derecho constitucional como para las políticas públicas. El presidente y el Congreso no juegan ningún papel en la elección de quién dirige los bancos de reserva, y el presidente debe depender de un proceso indirecto si quiere destituir a los presidentes de los bancos de reserva, una característica que viola los principios constitucionales de separación de poderes. Además, debido a que los presidentes de los bancos de la Reserva tienen vínculos estrechos con los bancos que regulan, es menos probable que vigilen el mal comportamiento.
Una posible solución es otorgar a la Junta de Gobernadores de la Fed el poder de nombrar y destituir a los presidentes de los bancos de la reserva a voluntad. Este cambio estructural haría que el sistema bancario central de nuestra nación responda mejor al proceso democrático y, a su vez, mejoraría la formulación de políticas de la Fed.
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