Difícilmente es el titular que quería el presidente somalí Hassan Sheikh Mohamud. Después de más de veinte años, Estados Unidos ha reconocido oficialmente al gobierno de Somalia. El presidente recientemente electo Mohamud se ha comprometido a hacer del bienestar y la seguridad de las mujeres una máxima prioridad, pero mientras visitaba los Estados Unidos y el Reino Unido esta semana para conseguir apoyo para su nuevo gobierno, fue perseguido por informes mostrando hasta dónde debe llegar Somalia para hacer realidad esta promesa.
A principios de enero, el periodista independiente Abdiaziz Abdinur entrevistó a una mujer desplazada que vivía en uno de los campos notoriamente inseguros de Mogadiscio. Rompiendo el tabú de hablar sobre la violencia sexual, alegó que en agosto de 2012 fue violada por las fuerzas de seguridad del gobierno. La sensibilidad del gobierno sobre este tema ya estaba aumentando después de un Informe del 6 de enero de 2013 de Al Jazeera sobre la prevalencia de violaciones en los campamentos que albergan a muchos de los 1,5 millones de desplazados internos (PDI) de Somalia. Aunque Abdiaziz Abdinur nunca publicó nada sobre la acusación de violación, los funcionarios del gobierno lo arrestaron a él y a la mujer, insistiendo en que su acusación de violación fue fabricada y que la circulación de la historia pone en peligro la seguridad del estado.
Esta semana, un tribunal de Mogadiscio condenó al periodista a un año de prisión por fabricar una afirmación falsa. La desplazada también fue condenada a un año de cárcel, por inventar una denuncia de violación que pone en peligro la seguridad del Estado. Ella comenzará a cumplir su término en un año, una vez que termine de amamantar a su bebé. Desafortunadamente, las condenas no son una sorpresa. Antes del juicio, se negó a los acusados el acceso a un abogado y funcionarios de alto nivel declararon públicamente que la pareja era culpable. Por ejemplo, el ministro del Interior de Somalia declaró que el gobierno no toleraría informes que inciten al público o creen una situación en la que la seguridad nacional del país pueda verse socavada. El juez negó al abogado defensor la oportunidad de llamar a testigos a declarar y se negó a aceptar pruebas médicas que impugnaran el argumento de la fiscalía de que la violación no se produjo.
Las mujeres somalíes, que ya se muestran reacias a denunciar violaciones debido al estigma y la falta de fe en la policía y los sistemas judiciales, ahora tienen menos probabilidades de denunciar las violaciones. Este fallo y el manejo del caso por parte del gobierno cuestionan el compromiso de los funcionarios de mejorar la seguridad de las mujeres desplazadas internamente en Somalia. El nuevo gobierno de Somalia debería revertir el rumbo anulando la condena y redoblando sus esfuerzos para proteger a las mujeres desplazadas de los ataques y poner fin a la impunidad de las violaciones. Como una clara señal de que tiene la intención de continuar el destacado historial de defensa de Hillary Clinton en apoyo del empoderamiento de las mujeres, John Kerry debería hacer que no solo la lucha contra el terrorismo, sino también los derechos de las mujeres y la protección de las personas desplazadas, sean prioridades en su trato con el nuevo país. Gobierno de Somalia.